En los tribunales de Georgia hay varios miles de asuntos pendientes relacionados con las expropiaciones forzosas de terrenos inmobiliarios que Georgia llevó a cabo sin ofrecer compensación alguna durante la casi totalidad de la pasada década y hasta 2007, fecha en la que entró en vigor la Ley nº 5014-Is, de 22 de Junio, sobre la Legalización de la Propiedad. No entendemos el texto. Está en escrito en georgiano. Tras haber leído los ensayos de varios observadores del derecho administrativo en Georgia, sabemos que la palabra inglesa usada en la ley “Legalization” se corresponde con la palabra “expropiaciones” y que en inglés se corresponde con el concepto jurídico de “eminent domain”.

Para resolver estos asuntos de una forma más eficaz, el Defensor del Pueblo de la República de Georgia, Sozar Subari, acaba de enviar al Parlamento un proyecto de ley que permitirá el empleo del arbitraje para la resolución de estas disputas. El proyecto prevé que el arbitraje se aplique a discreción del sujeto cuya propiedad haya sido objeto de expropiación. Para llevar a cabo esta iniciativa, el Parlamento creará una Comisión de Arbitraje bajo la dirección del Defensor del Pueblo que se encargará de administrar los arbitrajes.

Los laudos que se dicten bajo este esquema arbitral serán de obligado cumplimiento para el Estado. Así lo declaró el Presidente de Georgia en un comunicado de prensa publicado en la web institucional del Parlamento:

“We should set up a new commission with binding decisions on property disputes. It means that if the prosecutor’s office or any other state agency seizes property, a commission will be set up independently, which will be led by the public defender - we will specially adopt a relevant law - and which will include civil society and political - including opposition - representatives. And these people will make a final decision.”

Según la propuesta del Defensor del Pueblo, los siete miembros de la comisión que presidirá el Defensor del Pueblo actuarán como supervisores del programa de arbitraje que en su momento se cree. Tres miembros serán nominados por el Parlamento, y tres por el Defensor del Pueblo. Sin embargo, todos los candidatos (excepto el Defensor del Pueblo) deberán obtener la confirmación parlamentaria antes de asumir sus cargos en la Comisión.